A pesar de que la ley entrará en vigencia el 1 de enero, se espera que las cámaras no estén operativas hasta el verano o incluso más adelante en el año
Las cámaras de velocidad se instalarán en Los Ángeles, Glendale y Long Beach. Imagen: Bing Image Generator.
El Gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley que busca mitigar los riesgos de accidentes de tráfico mediante la implementación de cámaras de velocidad. La nueva legislación, que entrará en vigencia el próximo año, tiene como objetivo reducir la velocidad de los conductores para mejorar la seguridad vial.
Las cámaras operarán detectando automáticamente a conductores que superen el límite de velocidad establecido por 11 millas por hora. La primera infracción resultará en una advertencia, mientras que la segunda conllevará una multa de $50. Los conductores de bajos ingresos podrán beneficiarse de un descuento, reduciendo la multa a $25.
Este enfoque se llevará a cabo como parte de un programa piloto en tres ciudades del sur de California. La implementación se centrará inicialmente en áreas que presentan un mayor riesgo de lesiones en accidentes de tráfico.
Las cámaras se instalarán estratégicamente en carreteras identificadas como de alto riesgo de lesiones, buscando intervenir en lugares críticos para la seguridad vial. Las ciudades donde se instalarán son Los Ángeles, Glendale y Long Beach.
Defensores y expertos afirman que estas cámaras de velocidad constituirán una medida efectiva para salvar vidas en las carreteras. Damian Kevitt, de Streets Are For Everyone, respalda esta afirmación citando estudios que revelan reducciones significativas en fatalidades y lesiones en colisiones, llegando hasta un 76%.
No obstante, la implementación de este programa piloto ha generado críticas y oposición. Algunos argumentan que existen alternativas más efectivas para mejorar la seguridad vial, como señales de velocidad más claras y cruces peatonales protegidos, en lugar de imponer multas después del hecho.
Los detractores del programa piloto expresan preocupaciones sobre su impacto desproporcionado en ciudadanos promedio, en lugar de dirigirse específicamente a conductores imprudentes. Se critica que el enfoque no aborde directamente a infractores, sino que afecte a aquellos que simplemente siguen el diseño gubernamental de la carretera.
La selección de ubicaciones para las cámaras dependerá del respaldo de la comunidad, subrayando la importancia de la participación ciudadana en este programa piloto.
A pesar de que la ley entrará en vigencia el 1 de enero, se espera que las cámaras no estén operativas hasta el verano o incluso más adelante en el año, permitiendo un período de transición para informar a la comunidad y asegurar una implementación eficiente.